Provincia- Derechos Humanos
Advierten sobre posibles aspectos coercitivos de la nueva ley penal
El Consultor en DD HH Claudio Yacoy aseguró en diálogo con LNS (La Noticia del Sur) que la nueva ley penal no debe ser una “solución mágica” y debe abrirse un ámbito serio de discusión. “En el afán de buscar la celeridad hay que velar por un proceso justo” advirtió. Además reclamó por mejorar las condiciones de alojamiento en las cárceles y que se cumplan los pactos internacionales.
El Secretario de la comisión de DDHH del senado Provincial Claudio Yacoy se refirió a la reforma de la Ley Penal. En diálogo con LNS (Radio Cadena) aseguró que “La Ley de reforma penal es, en parte, la idea de avanzar en la celeridad de los procesos. Esto es muy viejo y es muy bueno que ocurra, pero hay que tener cuidado para no permitir que en la celeridad del proceso no se lleve adelante un proceso justo, transparente, y con una justicia que no tiene que ser solamente independiente sino que tiene que estar apta, ser idónea y donde la mayoría de las causas no termine siendo producto de un armado para justificar estadísticamente y convencer a la sociedad de que se ha avanzado en la represión del delito”.
Yacoy se pronunció en tal sentido asegurando que “hay un montón de componentes que no vana ser tenidos en cuenta si no se ataca la raíz que está generando esta situación conflictiva. Yo descreo de las reformas judiciales rápidas sin una verdadera profundización del estudio que permita hacer en serio una reforma judicial”.
“Hay que tomar por ejemplo la ley de reforma penal que terminó en la ley 12.405 de Ruckauf, lo único que hizo fue producir una superpoblación carcelaria donde el 85 por ciento de las personas que estaban sometidas a este régimen de privación de la libertad eran solamente sospechadas.”
“Entonces la verdad es que el estado no tiene mas de dos años, de acuerdo al pacto San José de Costa Rica para poder determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. La ley 24390 en forma posterior dice que en casos de complejidad se le añade uno, o sea tres años. También hay que tener en cuenta que pasado los tres años lo que empieza a suceder es la vulneración del estado constitucional de la adulteración del principio de inocencia. Esa persona ya no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es culpable hasta que ella pueda demostrar lo contrario cosa que muchas veces es imposible entonces ese estado de preventiva ya comienza a vulnerador de derechos constitucionalmente reconocidos”
En tal sentido Yacoy se pronunció a favor de encontrar un equilibrio entre la celeridad y un proceso justo. “nosotros estamos a favor de la aceleración de los procesos, pero en la medida de que ese proceso sea lo suficientemente transparente y que después no termine el 99 por ciento de condenados cuando en realidad el estado solamente utiliza ese dato para hacer estadísticas”.
Al respecto el presidente del foro nacional de derechos humanos y acción humanitaria reconoció el problema del alojamiento en las cárceles como “central”. Aseguró que “mientras no se resuelva la situación de alojamiento, de readaptación social, si no se pone en marcha un verdadero programa humanístico que le devuelva la posibilidad a estas personas que están sometidas a estos regímenes de reconocerse como parte de la especia humana. Si estas personas tienen que sobrevivir usando una faca o una púa, si para poder vivir económicamente tienen que comercializar rohypnol cigarrillos o tarjetas telefónicas, y si para eso tiene que lastimar a otro y si su vida esta sometida permanentemente a una forma constante de avasallamiento de sus derechos no creo que se le pueda pedir a esta persona que cuando salga tenga alguna simpatía con el que está al lado”
“Hay muchos estudios que están comprobando que el delito combinado, esto es contra la propiedad y contra la vida misma mayoritariamente han sido cometido por personas que han sido sometidas a regímenes de privación de la libertad. Por lo tanto me parece que no es un tema menor.” Indicó el funcionario
“El estado todavía lamentablemente adolece de políticas de recuperación de personas que fueron sometidas a procesos, y muchas veces, desgraciadamente con una reforma de la ley penal absolutamente coercitiva el que va a terminar yendo preso es el pobre, el hijo del pobre, el que no tiene acceso a la defensa o un buen asesoramiento” advirtió.
“Esto es algo que le puede pasar a cualquiera” reconoció Yacoy. “Es tan grande el universo sobre el que va a operar esta ley coercitiva es muy probable que aquellos que la festejen primero la terminen lamentando después, por eso nosotros no estamos de acuerdo con una reforma que tenga como objetivo maquillar el problema de fondo que tiene nuestra sociedad con relación al tema del delito. Es necesario un debate serio, que nos lleve a repensar cual es la raíz del problema.”
Advierten sobre posibles aspectos coercitivos de la nueva ley penal
El Consultor en DD HH Claudio Yacoy aseguró en diálogo con LNS (La Noticia del Sur) que la nueva ley penal no debe ser una “solución mágica” y debe abrirse un ámbito serio de discusión. “En el afán de buscar la celeridad hay que velar por un proceso justo” advirtió. Además reclamó por mejorar las condiciones de alojamiento en las cárceles y que se cumplan los pactos internacionales.
El Secretario de la comisión de DDHH del senado Provincial Claudio Yacoy se refirió a la reforma de la Ley Penal. En diálogo con LNS (Radio Cadena) aseguró que “La Ley de reforma penal es, en parte, la idea de avanzar en la celeridad de los procesos. Esto es muy viejo y es muy bueno que ocurra, pero hay que tener cuidado para no permitir que en la celeridad del proceso no se lleve adelante un proceso justo, transparente, y con una justicia que no tiene que ser solamente independiente sino que tiene que estar apta, ser idónea y donde la mayoría de las causas no termine siendo producto de un armado para justificar estadísticamente y convencer a la sociedad de que se ha avanzado en la represión del delito”.
Yacoy se pronunció en tal sentido asegurando que “hay un montón de componentes que no vana ser tenidos en cuenta si no se ataca la raíz que está generando esta situación conflictiva. Yo descreo de las reformas judiciales rápidas sin una verdadera profundización del estudio que permita hacer en serio una reforma judicial”.
“Hay que tomar por ejemplo la ley de reforma penal que terminó en la ley 12.405 de Ruckauf, lo único que hizo fue producir una superpoblación carcelaria donde el 85 por ciento de las personas que estaban sometidas a este régimen de privación de la libertad eran solamente sospechadas.”
“Entonces la verdad es que el estado no tiene mas de dos años, de acuerdo al pacto San José de Costa Rica para poder determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. La ley 24390 en forma posterior dice que en casos de complejidad se le añade uno, o sea tres años. También hay que tener en cuenta que pasado los tres años lo que empieza a suceder es la vulneración del estado constitucional de la adulteración del principio de inocencia. Esa persona ya no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es culpable hasta que ella pueda demostrar lo contrario cosa que muchas veces es imposible entonces ese estado de preventiva ya comienza a vulnerador de derechos constitucionalmente reconocidos”
En tal sentido Yacoy se pronunció a favor de encontrar un equilibrio entre la celeridad y un proceso justo. “nosotros estamos a favor de la aceleración de los procesos, pero en la medida de que ese proceso sea lo suficientemente transparente y que después no termine el 99 por ciento de condenados cuando en realidad el estado solamente utiliza ese dato para hacer estadísticas”.
Al respecto el presidente del foro nacional de derechos humanos y acción humanitaria reconoció el problema del alojamiento en las cárceles como “central”. Aseguró que “mientras no se resuelva la situación de alojamiento, de readaptación social, si no se pone en marcha un verdadero programa humanístico que le devuelva la posibilidad a estas personas que están sometidas a estos regímenes de reconocerse como parte de la especia humana. Si estas personas tienen que sobrevivir usando una faca o una púa, si para poder vivir económicamente tienen que comercializar rohypnol cigarrillos o tarjetas telefónicas, y si para eso tiene que lastimar a otro y si su vida esta sometida permanentemente a una forma constante de avasallamiento de sus derechos no creo que se le pueda pedir a esta persona que cuando salga tenga alguna simpatía con el que está al lado”
“Hay muchos estudios que están comprobando que el delito combinado, esto es contra la propiedad y contra la vida misma mayoritariamente han sido cometido por personas que han sido sometidas a regímenes de privación de la libertad. Por lo tanto me parece que no es un tema menor.” Indicó el funcionario
“El estado todavía lamentablemente adolece de políticas de recuperación de personas que fueron sometidas a procesos, y muchas veces, desgraciadamente con una reforma de la ley penal absolutamente coercitiva el que va a terminar yendo preso es el pobre, el hijo del pobre, el que no tiene acceso a la defensa o un buen asesoramiento” advirtió.
“Esto es algo que le puede pasar a cualquiera” reconoció Yacoy. “Es tan grande el universo sobre el que va a operar esta ley coercitiva es muy probable que aquellos que la festejen primero la terminen lamentando después, por eso nosotros no estamos de acuerdo con una reforma que tenga como objetivo maquillar el problema de fondo que tiene nuestra sociedad con relación al tema del delito. Es necesario un debate serio, que nos lleve a repensar cual es la raíz del problema.”
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